24 abr, CI.- El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el reciente 22 de abril (Día de la Tierra), aún no ha sido ratificado en el Congreso de Colombia. En este están comprendidas propuestas que se han venido construyendo desde hace más de 30 años a favor de la protección de la vida de la naturaleza y quienes la defienden. Las razones para que aún no se haya firmado han sido fuertemente cuestionadas.
También conocido como “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, el Acuerdo Escazú es la primera iniciativa latinoamericana de carácter ambiental. Está comprometido con el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre el Medio ambiente y Desarrollo, la cual consiste en garantizar tres pilares fundamentales: Información, Participación y Justicia.
En el 2019 Colombia decidió unirse a los países firmantes de esta propuesta que se reúne en el Acuerdo, luego de haber participado en las negociaciones desde el 2015. En total, fueron 24 países que hicieron parte de este pacto de Caribe y América Latina.
En marzo de 2020, por la pandemia, el Presidente Iván Duque no radicó en el Congreso de la República un Proyecto de Ley con mensaje de urgencia institucional para tramitar la adopción y ratificación del Acuerdo. Lo hizo tres meses después, es decir, en julio.
Sin embargo, entre la firma, la obligatoria ratificación en el Congreso y la posterior la revisión que tendría que hacer la Corte Constitucional; ha sido un proceso lento y con diferentes contrastes en el que las voces de las organizaciones han exigido la aceleración de esta diligencia. La consideran necesaria porque así se priorizaría la protección de defensores y defensoras ambientales.
¿Por qué se oponen?
Algunas otras voces del Congreso e institucionalidad se han opuesto porque, según defienden, representa un riesgo grave para los intereses de algunas economías del país.
“A pesar del compromiso del Gobierno nacional, en las últimas audiencias públicas celebradas el 3 y 14 de septiembre en el Senado de República y la Cámara de Representantes del Congreso, respectivamente, diversos congresistas y los sectores productivos manifestaron abiertamente su rechazo al Acuerdo de Escazú. Estas declaraciones y manifestaciones que argumentan los parlamentarios se basan, en esencia, en la inexistente contradicción entre el desarrollo sostenible y el desarrollo económico, las cuales además han sido replicadas en medios de comunicación generando un cuestionamiento sobre la conveniencia de avanzar en este proceso”, afirmaron el pasado octubre más de 130 organizaciones ambientales del país en una carta dirigida al Presidente Duque.
A pesar del aparente compromiso del Gobierno para que Colombia logre ser parte de este primer tratado regional ambientalista; ha sido el mismo Partido de Gobierno (el Centro Democrático) unido a los partidos Cambio Radical y Conservador los que se han opuesto y dilatado el camino hacia ratificación final de Escazú.
Uno de los principales argumentos de oposición ha sido la instrumentalización de los discursos y el rechazo al Acuerdo por parte de los Gobiernos de Chile y Perú. El primero en rechazarlo fue el Presidente Sebastián Piñera, quien sostuvo que intercedía directamente en la legislación ambiental del país. Mientras tanto, el Congreso de Perú dio su negativa abdicando su soberanía del territorio. Con estos mismos argumentos, congresistas colombianos y personas del sector privado han impedido el avance de dicho acuerdo.
“En esta época donde todos deberíamos estar volcados a proponer medidas de reactivación económica, se presenta este Acuerdo de Escazú que sepultará las iniciativas de inversión en Colombia y con ellas, el crecimiento económico que tanto necesitamos”, afirmó la controversial Senadora ultraderechista María Fernanda Cabal.
Frente a la afirmación de Cabal, la Representante a la Cámara Ángela Robledo ha aclarado que la soberanía no se perderá, así como no se ha perdido mientras Colombia ha hecho parte de diferentes Acuerdos de carácter internacional.
“Este acuerdo es todo lo contrario a esa crítica, es una garantía para el desarrollo sostenible, no un obstáculo. Es importante resaltar que aún nos faltan garantías para una verdadera participación ciudadana, informada e incidente, así como acceso a la justicia en tantos casos de conflictos ambientales que tenemos en el país”, contrarrestó Robledo.
Del lado del Ambiente
Colombia es también parte de uno de los países más afectados por la violencia desmedida enseñada contra la naturaleza y por quienes la protegen. En el informe del 2020 realizado por Global Witness 2020 y nombrado “Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medioambiente”, se evidencia cómo entre diciembre de 2015 y 2019, cuatro defensores y defensoras ambientales son asesinados cada semana. Por este motivo, Colombia es considerado el país más violento para ambientalistas. Esta nación también ocupó el segundo lugar (después de Brasil) con más conflictos socioambientales, según el Atlas de Justicia Ambiental en Latinoamérica.
Como respuesta a esta situación, se considera que el Acuerdo de Escazú otorgaría “seguridad jurídica para las inversiones y el desarrollo de proyectos en Colombia”, según afirman la Asociación Ambiente y Sociedad, la Red por la Justicia Ambiental, la Corporación Reiniciar, la Fundación Alma, la Fundación Omacha, Fridays for Future Bogotá, la Fundación FICAmazonia, El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), entre otros.
Estas organizaciones redactaron de conjunto una carta de petición al Presidente en el 2020 donde también dicen que la firma de este acuerdo sería una oportunidad para mejorar la democracia ambiental. “La protección de las personas defensoras del ambiente es urgente” y en este sentido también afirmaron que “el Acuerdo de Escazú es un instrumento importante para reducir los conflictos ambientales y disminuir su judicialización en Colombia”.
Es una buena noticia la implementación de este acuerdo para el Caribe y América Latina, ya que marca un precedente de la ruta para muchos países cuyas problemáticas ambientales se encuentran invisibilizadas debido a la negligencia, poca participación ciudadana, corrupción y otros escenarios que podrán ser llevadas a la mesa internacional ambientalista
Publicado por Editora Santander | Abr 24, 2021 |